El actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, declaró ayer (29 de junio de 2017) que los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo habrán de ser inundados debido a la necesidad de la construcción de la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. Detrás de un estudio de 18 meses, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para determinar la posibilidad de levantar un dique de 80 metros de altura o de 105 metros, se definió esta última cifra como la necesaria para la sustentabilidad del proyecto. Esa es la diferencia, 35 metros, que determina si esos pueblos son inundados o no, o si se cumple la cantidad de agua necesaria (7.5 m³ por segundo de agua) para las zonas metropolitanas de Guadalajara (76%) y de León (24%), y de algunas regiones de los Altos de Jalisco.
Se muestra un conflicto socioecológico, en el cual es de observar que las necesidades de zonas urbanas, las ciudades de Guadalajara y de León, requieren del sacrificio de algunas zonas rurales. Así, el conflicto muestra una relación de externalidad, si entendemos que, con la construcción de la presa El Zapotillo, los costos ecológicos rurales se traducen en beneficios económicos urbanos. Para que se cumpla esa externalidad, los costos no pueden ser ponderados con justicia en el cálculo de los beneficios, y ello se mostraría evidente desde una consideración teórica holista, la ecología política.
El proyecto de la presa El Zapotillo inició en 1990, con el gobierno de Salinas de Gortari, y los gobernadores de Guanajuato Rafael Corrales Ayala, y de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri. Detrás de un estudio sobre el flujo del agua del río Verde, en 1994, se asignan 120 000 000 m³ para León, y 384 000 000 m³ para Guadalajara. Después se oficializa esta disposición en 1995, y se modifica un tanto en 1997. Para el 2003 se proyecta iniciar la construcción de una presa en Jalostotitlán, pero la oposición de habitantes de San Nicolás y San Gaspar, retuvieron el proyecto en 2004. En 2005 se reubica la construcción, ahora ya en su lugar actual en Cañadas de Obregón. En 2007 se proyecta la necesidad de un dique de 105 m y no de 80. De cualquier modo, los habitantes de Temacapulín, de Acasico y de Palmarejo deben de ser desplazados hacia Tlalicoyunque. Pero los habitantes de estas partes han manifestado su oposición, por lo que se han manejado comunicaciones y negociaciones entre partes del gobierno, instituciones internacionales, y consorcios de construcción, con el objetivo de convencer al pueblo de la necesidad de su sacrificio, y de la justicia de las indemnizaciones. Así, en el 2012 se interpuso una controversia constitucional contra de la construcción de la presa, por parte de los alcaldes José de Jesús Sainz y Carlos González. Pero ese recurso fue denegado por la Suprema Corte en el mes siguiente. Finalmente el día de ayer, el gobernador de Jalisco declara técnicamente inevitable la inundación de esas tres poblaciones.
Sin embargo, existen estudios de ecología política que podrían declarar el conflicto socioecológico que aquí tratamos, como un conflicto intratable (Raúl Pacheco Vega 2017: El megaproyecto de la presa El Zapotillo como nodo centroidal de conflicto intratable. Un análisis de ecología política). Existen tres condiciones para que un conflicto sea declarado como intratable. Desde el modelo IER (intratabilidad, enmarcamiento y reenmarcamiento), se trabaja el concepto de intratabilidad, desde la ecología política se estudia la economía política del cambio socioambiental. Y desde la teoría de redes de política pública (policy networks) se puede observar un conflicto intratable como nodo centroidal entre partes o nodos de poder.
Desde el modelo IER se pueden observar enmarcaciones y reenmarcaciones de las percepciones, y de las narrativas, del conflicto, por parte de los agentes en conflicto. A partir de un estudio en este modelo, el conflicto de la presa de El Zapotillo muestra la imposibilidad de que las enmarcaciones y reenmarcaciones puedan ser alineadas para un estudio simétrico y permita la comparación y ponderación. Las posiciones son altamente divergentes, por lo que el conflicto se torna intratable por lo tanto. Un caso paradigmático se ve representado en cualquier problema de juego de suma cero; y los ámbitos de resolución (foros y avenidas) desparecen.
Con este modelo se relata también la duración de los conflictos, que cuando estos se dilatan mucho, es una característica de un conflicto intratable.
La ecología política, en este caso, la urbana, se enfoca en el proceso de la urbanización. Aquí se aparecen diversos problemas de cambios ambientales. Desde el concepto de ecosistema, esta teoría, adquiere poder explicativo, cuando en un conflicto se advierte una disparidad del poder entre las partes. En el caso que nos ocupa podemos ver la disparidad del poder en una relación micro y macro. El poder débil está de la parte micro, los pequeños poblados rurales de Temacapulí, de Acasico y de Palmarejo; y se enfrenta al poder grande y fuerte, representado por las grandes ciudades de León y de Guadalajara. Además, el poder conformado por los pueblos se reduce a la fuerza de los propios habitantes, junto con la influencia de los activistas; en general la sociedad civil. Y el poder de las grandes ciudades cuenta con el apoyo del gobierno estatal y federal, la influencia de los consorcios de construcción licitados; y además se han ayudado por la autoridad de las instituciones internacionales de las Naciones Unidas, por medio de UNOPS. Con todo ello, se puede observar que el conflicto puede ser declarado intratable, desde la ecología política, desde que es evidente la disparidad del poder entre los agentes en un conflicto socioecológico.
La teoría de las redes de políticas públicas permite hacer visible una argumentación, o estado en que se encuentra un conflicto. Con esta teoría se puede conformar una red de políticas públicas, y determinar un nodo centroidal que conecta con los diversos factores, y el tamaño de éstos para su influencia. A diferencia del análisis de redes sociales, la teoría de redes de políticas públicas no trabajan con redes colaborativas, y se aplican más bien a redes no colaborativas, las cuales cumplirían con las características de un conflicto intratable.
Así, si el gobernador de Jalisco estaría dispuesto a reconocer que los poblados de Temacapulín de Acasico y de Palmarejo deben de ser inundados por la necesidad técnica de la construcción sustentable de la presa de El Zapotillo, no se debería de reconocer sin embargo, no por necesidad técnica sino por necesidad política y de justicia de derechos humanos, que el conflicto es también técnicamente intratable. El gobierno intentó, quizás por motivos electorales, negociar 35 metros de altura para salvar la inundación de algún poblado, y financió un estudio por medio de una institución internacional, quizás entendida neutral, para que ésta declarara autorizada si habría inundación o no la habría. El gobierno habría de sucumbir ante el fallo de sus contratados. La sociedad civil aquí, con legitimidad y derecho, puede impugnar el estudio de UNOPS por verse involucrada en conflicto de intereses.
Como habitante de la ciudad de Guadalajara, sé que el agua aquí se desperdicia grandemente, y creo que antes de desplazar poblados rurales, es posible una solución técnica en la eficiencia del gasto urbano del agua.
